Debe preocuparnos mucho la evolución del sistema que siempre hemos estado seguros de ser el más efectivo para el gobierno de un estamento: la democracia.
En estos años vemos cómo la democracia sufre una importante crisis: ya no es la titular en exclusiva de modelos económicos liberales o capitalistas; vemos cómo las democracias se convierten en autocracias; observamos cómo se convierten a través de los populismos en mecanismos de manipulación social; comprobamos como a diario ganan control del espacio que por naturaleza le debería ser negado como es el ámbito judicial; vemos cómo los acuerdos entre partidos se alcanzan más por el interés partidista que por el interés de la Nación; y lo que es más grave, vemos que la influencia ciudadana es cada vez menor.
Y esta debilitación de las democracias, viene además reforzada por la falta de ética de muchas de los políticos que teóricamente las defienden, que se trasmite en corrupción y en gestión ineficiente de los recursos y de la realidad social.
Decía Antonio Garrigues Walker en El País (Dicbre. 2012) que “los políticos españoles no son gravemente corruptos”; lógicamente lo dice una persona que ha conocido países en donde este efecto es muchísimo mayor. Recuerdo a propósito que yo tuve la suerte de conocerlo personalmente en Pekín (noviembre 2007).
En España … que teniendo políticos corruptos, no son los más corruptos; sí estamos construyendo un sistema que no solo favorece la corrupción como mecanismo habitual de la gestión administrativa -sobretodo en etapas de boom inmobiliario como la que vivimos en nuestro país hace pocos años-, sino que este sistema favorece la ineficiencia y alejar la gestión de gobierno de las necesidades de un país a corto, medio y largo plazo. Sí gobernantes, a largo plazo. Y lo digo con el recuerdo de una conversación que tuve con un alcalde español hace un tiempo y durante la cual yo le invitaba a convertir a su ciudad en una Smart City y él tranquila y llanamente me contestó: “Enrique, esos son proyectos a un plazo tan largo que supera al de mi legislatura”.
Una vez escuché a un importante empresario español, que el mayor reto que tiene cuando inicia su actividad empresarial en un nuevo país, no es tanto el valorar las oportunidades de negocio o cómo es la seguridad jurídica que ofrece, … sino cómo funciona el entramado de corrupción del país.
La solución a la corrupción no es tanto el diseñar mecanismos de transparencia administrativa, sino de simplificar y hacer más efectivo el trámite que pase por las administraciones. Y sobretodo el frenar la permeabilidad de la clase política en los espacios obligatoriamente reservados a los funcionarios del estado que operan bajo parámetros técnicos, y no bajo intereses partidistas.
Y a esto me quiero referir, cuando digo que por todos es conocida la relación directa que existe, entre los niveles de permeabilidad que alcanzan los partidos en una administración y el nivel de corrupción y de falta de eficiencia y eficacia y de visión de futuro. Aclaro esto, ¿no es cierto que países que funcionan mejor tienen a un número muy pequeño de políticos y únicamente en niveles a veces de Presidente/Primer Ministro y Ministros?. Y por el contrario ¿no es cierto que países en donde existe mayor deficiencia en todos los sentidos son aquellos en los que en cada cambio de legislatura se sustituyen prácticamente a todos los funcionarios?.
Pues bien, esto es lo que en cada nuevo cambio de Gobierno en España sucede. Día a día los partidos son empresas de empleo que tienen que colocar a sus “partidarios” y por ello, hay que sustituir puestos técnicos por puestos “políticos”, … o bien crear nuevos puestos, nuevas instituciones, nuevos asesores.
Y si bien llega el caso -como en la legislatura nacional actual- que tienes que gobernar en coalición, debes emplear a un mayor número de “partidarios”, por lo que te ves obligado a crear más puestos de Vicepresidentes, de Ministros, de asesores, de Directores Generales, …; por lo cual se pierde el expertise y la neutralidad y con ello se pierde el control que podrían ejercer los funcionarios frente a los políticos a la hora de tomar una decisión interesada o ineficiente.
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