Limitaciones jurídicas para una Smart City.
Se tiene en consideración las aportaciones tecnológicas para un desarrollo de Smart City, pero para un desarrollo de un proyecto de ciudad sustentable es tan importante estas aportaciones, como las consideraciones de los aspectos de financiación, como de ordenamiento jurídico.
Existe un vacío legal a la hora de disponer de un contrato actualizado que contemple la cesión a una empresa por parte de un gobierno municipal, para llevar a cabo ésta, el suministro e instalación de diferentes equipamientos (sensores, iluminación, contenedores, sistemas de recarga eléctrica de vehículos, …) y que contemple la obligación de otra empresa (operador) a utilizar estos sistemas y pagar por ello a la primera.
Existen tres grandes problemas jurídicos que surgen en la gestión de una Smart City:
1. Seguridad: limitar accesos ilegales.
2. Protección de datos.
3. Confidencialidad de la información recogida.
Cada una de las 20 principales ciudades de España, tiene una media de 50 contratos de servicios firmados con proveedores y se hace preciso modificar todos los contratos, ante la decisión e iniciativa de contmplar desarrollos de nuevos modelos de ciudad integradas..
Los problemas con los que nos encontramos a la hora de redactar un contrato podrían ser:
- Debe incluir con sumo detalle la descripción de los servicios que se prestan.
- El precio de retribución debe estar sujeto a resultados y consumos.
- Interrelación entre los diferentes servicios y prestaciones.
- Considerar la necesidad de ajustarse a relaciones jurídicas (contratos) previos.
- Plazos de duración.
La UE va a emtir una normativa que obligue en cada caso a hacer múltiples contratos, que incluyan a PYMEs y tengan en cuenta la competencia.
Enrique Ruz Bentué 